SR. CORDOBA. Con fecha
29 de marzo el Ministerio del Interior resolvió aplicar en todo el país en
forma estricta el artículo 8º de la Ley Nº 17.951 de fecha 8 de enero de 2006
que faculta al citado Ministerio a disponer la prohibición total o parcial en
la venta de bebidas alcohólicas en eventos deportivos. Haciendo uso de dicha
disposición el Sr. Ministro se inclinó por la prohibición total en los
espectáculos donde se practique fútbol o básquetbol. Decisiones como éstas
tomadas dentro de cuatro paredes por alguien que sentado detrás de un
escritorio no conoce las diferentes realidades de nuestro país, le hace daño a
la sociedad toda.
No
podemos aplicar decisiones que son indudablemente necesarias en departamentos
como Montevideo, a nuestro departamento u otros del interior de la República.
Esto no pretende ser una apología del consumo de bebidas alcohólicas, pero el
consumo de las mismas en espectáculos en nuestro departamento, no provoca los
desmanes que lamentablemente se ven en la capital del país. Además, es sabido
por todos y admitido por las autoridades policiales que los que provocan dichos
desmanes, ingresan ya alcoholizados o bajo la influencia de drogas sicoactivas.
Generalmente, en dichos espectáculos la bebida a elección por parte de los
organizadores suele ser la cerveza, la cual, como todos ustedes saben, tiene un
bajo tenor alcohólico y además el margen de ganancia es mayor que en de otras
bebidas.
La
mayoría de estos espectáculos son en beneficio de instituciones públicas:
escuelas urbanas y rurales, liceos, otros sirven para mantener pequeños clubes
deportivos, fútbol infantil o juvenil, clubes de niños, merenderos y así
podríamos seguir mencionando ejemplos de emprendimientos que ayudan allí donde
el Estado no llega.
Nuevamente debemos, los ciudadanos respetuosos de
nuestro prójimo, pagar culpas ajenas. ¿Por qué en vez de prohibir al barrer, no
se reglamenta de acuerdo a las realidades de cada departamento? Además creemos
que la policía y el Poder Judicial en conjunto, deberían tener un papel más
activo en este tema, dejando la actitud contemplativa y permisiva actual.
Esta
decisión repercutirá lamentablemente pesadamente sobre los ingresos de esas
instituciones y no creemos que el Estado pueda solventar esa falta.
Por
este intermedio queremos pedir que se revea esta decisión y que se aplique en
donde es necesaria, y no tomar la decisión simplista de prohibirla.
Solicito
que mis palabras se eleven a las Comisiones de Cultura y de Derechos Humanos de
esta Junta, a las distintas Juntas Departamentales, al Congreso Nacional de
Ediles, a los Representantes Nacionales por nuestro Departamento.